Estuvo preso por el asesinato de su novia y la chica estaba viva

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis condenó al estado provincial a indemnizar con más de 340 mil pesos a un joven que estuvo dos años preso acusado por el supuesto crimen de su novia en 1992, ya que la mujer fue hallada diez años después en San Juan.

El abogado Carlos Pereyra, representante del joven que sufrió torturas y se contagió sida en la prisión, confirmó hoy que el fallo del tribunal respondió a su demanda por “daños y perjuicios”. Nelson Madaf había sido acusado de la muerte de su novia en 1992 y pasó dos años en prisión, según lo dispuesto oportunamente por la justicia local.

Los reclamos judiciales de Madaf y su reiterada proclamación de inocencia no fueron aceptados por los investigadores del caso hasta que la ex novia del joven, Claudia Díaz, fue localizada en San Juan, donde había formado una familia.

La mujer tenía 16 años cuando se fue de su casa de San Luis, en octubre de 1989, luego de pasar por el domicilio de una compañera del colegio, que también estuvo encarcelada por el crimen inexistente.

El abogado Pereyra dijo que ayer el Superior Tribunal de Justicia condenó al Estado Provincial a indemnizar con 349.639 pesos a Madaf, en un fallo dividido que hizo lugar “íntegramente a la demandada por daños y perjuicios”.

Madaf sostuvo, desde que recuperó la libertad tras permanecer encarcelado durante dos años, que fue sometido a torturas para lograr las confesiones autoincriminatorias.

Durante varios meses, como consecuencia de esas “confesiones”, la policía excavó en distintos puntos de la ciudad en busca del inexistente cadáver de Claudia Díaz. Además de las torturas que sufrió, Madaf contrajo sida en la cárcel, según dijo él mismo.

La causa que inició la investigación por el crimen de Díaz por aparente “aborto seguido de muerte” complicó a otras tres personas, entre ellas la amiga de la joven desaparecida, una enfermera y su pareja, que estuvieron procesados en el caso.

“Los únicos elementos de prueba que colectó el juez Néstor Ochoa fueron dos linternas y el secuestro de un (automóvil) Torino” donde presuntamente se había llevado el cadáver, relató Pereyra.

La sentencia señaló que “de la lectura del expediente de marras, resulta que la detención, procesamiento, encuadre legal y prisión preventiva se fundan en la autoincriminación del imputado”.

Respecto de la confesión autoincriminatoria, el Superior Tribunal dijo que era “contradictoria, retractada, mendaz, con imputaciones a terceros, que se esgrime como prueba de cargo por el instructor”.

“Por otra parte, detenciones y prisión preventiva se ordenan sin la debida acreditación de la semiplena prueba de la existencia del corpus críminis, tanto para el delito de privación ilegítima de la libertad del primer procesamiento, como el de aborto y homicidio”, remarcó el fallo.

El texto fue rubricado por los jueces Florencio Rubio y Horacio Zavala Rodríguez y los camaristas Carlos Maqueda y Hugo Saá Petrino, que subrogaron al actual presidente, Omar Uría y Eduardo Gatica.

Este último se excusó porque en la década de 1990, cuando ocurrieron los hechos investigados, integraba la Cámara que confirmó la prisión preventiva dictada por Ochoa. La sentencia abre un interrogante en el foro local, ya que hasta ahora el Superior Tribunal no se expidió sobre la constitucionalidad de una ley sancionada meses atrás y que obliga a pagar con el presupuesto de la Justicia las condenas económicas contra el Estado.

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